“El proyecto de adhesión a esta ley es un avance definitivo en materia de derechos humanos”
De esta manera lo expresó la senadora nacional Beatriz Rojkés de Alperovich, quien junto al ministro de Salud Pública, Pablo Yedlin; al presidente subrogante de la Legislatura, Regino Amado; al legislador Ramiro González Navarro y al titular del INADI, Gustavo Díaz Fernández, entre otras autoridades, inauguró la jornada de concientización en el tema.
En la oportunidad, se llevó a cabo una actividad destinada a sensibilizar a asesores de los poderes legislativo y judicial, en cuanto a la Ley Nacional de Salud Mental 26.657. La misma brinda un marco para que las políticas en la materia se desarrollen cumpliendo todos los compromisos en derechos humanos y los estándares internacionalmente establecidos. Al respecto, la senadora Rojkés comentó que se trata de una ley que cambia paradigmas, por lo que requirió de mucho trabajo y militancia por parte de todos los actores de la sociedad.
Al tiempo, expresó que es una ley que devuelve derechos y nos permite pensar en cada uno de nosotros como seres humanos, dándole fin a la noción de incapacidad.
Por su parte, el legislador Ramiro González Navarro, impulsor activo del tratamiento de la norma provincial de adhesión a la legislación nacional, destacó la labor del organismo de revisión integrado por el Ministerio de Salud Pública, la Defensoría del Pueblo, la Secretaría de Derechos Humanos, el INADI y el Ministerio de Desarrollo Social, para aplicarla de manera eficiente. Según amplió González Navarro, se trata de dejar de pensar a los problemas de salud mental como discapacidades y empezar a ver al paciente como pleno sujeto de derechos.
“Se necesita un abordaje multidisciplinario de médicos psiquiatras, psicólogos, asistentes sociales, capacitadores laborales e integradores, con tendencia definida a la atención en centros asistenciales de carácter general y no monovalente”, finalizó.
Ley 26.657
La ley asegura el derecho de todos los que habitan el suelo argentino a la protección de su salud mental, y establece puntualmente las opciones que asisten a aquellas personas con padecimientos mentales en relación al sistema de salud, tanto en el sector público como en el privado.
Entre ellas se destacan el derecho a la intimidad; a vivir en comunidad (desmanicomialización y derecho a la atención en centros de salud generales); a la atención sanitaria adecuada; a mantener los vínculos familiares y afectivos; a la no-discriminación; a la información sobre su estado de salud; a la autonomía personal y a la identidad.
Estuvieron presentes también el vocal de la Corte Suprema de Justicia, Daniel Posse; el vicepresidente 2° de la honorable legislatura, Víctor Hugo Cabral Cherniak, y la directora del Programa Integrado de Salud del SIPROSA, Sandra Tirado, entre otros referentes.
