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Salud y organismos provinciales articulan acciones para garantizar la vacunación de niñas, niños y adolescentes

En el marco de las políticas públicas que impulsa el gobernador Osvaldo Jaldo, el Ministerio de Salud Pública, conducido por el doctor Luis Medina Ruiz, participó de una nueva reunión del Consejo Provincial de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, donde se abordaron los alcances de la Ley Nacional 27.491 de Control de Enfermedades Prevenibles por Vacunación y su implementación en Tucumán. El encuentro permitió analizar las responsabilidades institucionales, los mecanismos de intervención y la coordinación entre las distintas áreas del Estado para garantizar el cumplimiento del calendario de vacunación y resguardar el derecho a la salud de las infancias.

Durante la reunión, el secretario ejecutivo médico del Siprosa, doctor Miguel Ferre Contreras, presentó los principales lineamientos de la normativa nacional y expuso los avances de la provincia en materia de inmunización, con especial atención a las coberturas alcanzadas en los distintos departamentos. Asimismo, se analizaron los artículos vinculados con los principios de la vacunación, la autoridad de aplicación, las vacunas obligatorias y la población comprendida por esta responsabilidad.

Uno de los aspectos centrales del encuentro fue la necesidad de ampliar la mirada sobre los ámbitos en los que debe garantizarse la vacunación. En ese sentido, se planteó la importancia de contemplar no solo al personal sanitario, sino también a trabajadores de otros ministerios que desempeñan funciones de atención y cuidado de niñas, niños y adolescentes en dispositivos institucionales cerrados. Esta medida apunta a prevenir posibles brotes de enfermedades transmisibles y proteger tanto a quienes trabajan en esos espacios como a las personas que allí residen.

Ferre Contreras también explicó los alcances del artículo 10 de la Ley 27.491, que establece la responsabilidad de madres, padres, tutores y representantes legales respecto de la vacunación de las personas a su cargo. “Estamos redefiniendo circuitos de comunicación que permitan notificar a los organismos de protección de niñas, niños y adolescentes ante situaciones de incumplimiento de esta obligatoriedad. El objetivo es proteger a nuestros niños y garantizarles el derecho a estar inmunizados”, señaló.

El funcionario destacó, además, que la articulación entre las carteras de Salud, Educación y Desarrollo Social resulta determinante para mejorar las coberturas, reducir la circulación de enfermedades prevenibles y evitar brotes epidemiológicos. En esa línea, valoró el funcionamiento del Consejo como un ámbito de construcción conjunta de estrategias que permiten dar respuestas integrales a las necesidades de las infancias.

Por su parte, la secretaria de Estado de Niñez, Adolescencia y Familia y presidenta del Consejo, licenciada Graciela Elizabeth Sárez, destacó la continuidad de este espacio interministerial, que lleva tres años de funcionamiento y reúne a distintas áreas del Poder Ejecutivo provincial para definir políticas públicas orientadas a garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes.

La funcionaria remarcó que la vacunación constituye una responsabilidad compartida entre las familias y el Estado, y que el trabajo institucional debe ir más allá de informar sobre su obligatoriedad, promoviendo también la conciencia sobre su importancia como herramienta de prevención y protección. “Cuando los padres se niegan a vacunar a sus hijos, no están garantizando su derecho a la salud. Por eso es fundamental que las distintas áreas del Estado trabajamos articuladamente, con una mirada integral de cada niño, niña y adolescente”, expresó.

En ese contexto, Sárez destacó otro avance significativo del Consejo: la puesta en funcionamiento de la primera plataforma de interconsulta entre los ministerios de Salud, Educación y Desarrollo Social. Esta herramienta permite agilizar el intercambio de información entre las áreas, conocer las intervenciones realizadas y acceder a la trayectoria institucional de niñas, niños y adolescentes cuando atraviesan situaciones complejas.

La secretaria explicó que la plataforma continuará incorporando información bajo los resguardos correspondientes de confidencialidad y protección de datos personales. Su implementación representa un avance en la capacidad de respuesta del Estado, al facilitar la comunicación entre organismos y evitar que las intervenciones se desarrollen de manera aislada.

Una responsabilidad compartida

La reunión contó con la participación de autoridades y representantes de los organismos que integran el Consejo Provincial de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Entre ellos estuvieron Gilda Zurita, secretaria del Consejo y directora de Niñez, Adolescencia y Familia; el doctor Miguel Óscar Hilal, consejero en representación del Ministerio de Salud Pública; Josefina Zárate, secretaria de Articulación Territorial y Desarrollo Local; el doctor Marcelo Montoya, subsecretario de Salud; y la profesora María Gallardo y Mónica González, representantes de los ministerios de Educación y del Interior, respectivamente.

Por parte del Ministerio de Salud Pública y del Siprosa también participaron la doctora Noellia Bottone, directora del Programa Integrado de Salud (PRIS); la doctora Raquel Núñez, subdirectora del organismo, y la doctora Liliana Gordillo, integrante del Hospital Público Virtual.

El encuentro reafirmó la importancia de sostener políticas públicas coordinadas, en las que la prevención, la protección de derechos y la intervención oportuna formen parte de una misma estrategia. En este sentido, el Ministerio de Salud Pública continúa trabajando junto a los distintos organismos provinciales para ampliar el alcance de las acciones de inmunización, fortalecer la responsabilidad comunitaria y asegurar que cada niña, niño y adolescente acceda a las vacunas que necesita.

La vacunación no solo constituye una herramienta fundamental para prevenir enfermedades, sino también un derecho que el Estado tiene la responsabilidad de garantizar. La articulación interministerial permite avanzar en ese compromiso y construir respuestas más eficientes para proteger la salud y el desarrollo integral de las nuevas generaciones.

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