Proyectan articular medidas para resguardar la salud ante la quema de cañaverales
El secretario ejecutivo médico del Siprosa, doctor Gustavo Vigliocco, se reunió con el subsecretario de Protección Ambiental del Ministerio de Desarrollo Productivo, ingeniero Marcelo Lizárraga, y el director general de Salud Ambiental, ingeniero Walter Castellanos, para articular acciones y trabajar en conjunto para evitar esta práctica.
Al respecto, Lizárraga comentó que la intención del Ministerio de Desarrollo Productivo, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y la Mesa de Gestión Ambiental, es avanzar en función de los múltiples impactos que genera la quema de pastizales y cañaverales sobre la salud pública. Y en ese marco articular trabajos conjuntos para evitar esta práctica.
“El cañero es consciente de la pérdida que significa la quema de cañaverales. Hoy los organismos, como el de Ciencia y Tecnología Obispo Colambres, tienen claramente demostrado que esta actividad bajo ningún punto es un beneficio para el productor”, explicó Lizárraga.
Cabe destacar que la quema de caña está prohibida en el código penal de la Nación Argentina por el artículo 186 concordante, el cual consiste en delito contra la seguridad pública. En Tucumán esta acción significa una infracción a la ley del Ambiente 6.253 y tiene implicancia en la contaminación atmosférica, ley de Residuos Peligrosos 24.051.
A su vez, la miembro del INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria), licenciada en comunicación María Nilce Felipe, acotó: “Nos reunimos para comentarle la experiencia que venimos realizando dentro de la Mesa de Gestión Ambiental de Cruz Alta. Esta organización surgió por iniciativa del INTA y trabajan con el sector de los productores cañeros, otras instituciones como la de Ciencia y Tecnología Obispo Colambres y diferentes entidades gubernamentales vinculadas a la problemática de la quema de caña de azúcar en la provincia”.
Desde el área del INTA llevan a cabo junto a la Mesa de Gestión Ambiental el trabajo de certificación de cosecha sin uso de fuego para los productores cañeros. Comenzaron el protocolo LocalG.A.P, el cual está dentro de la normativa internacional GLOBALG.A.P. “Empezamos con unas 5.000 hectáreas certificadas en el 2015 y hoy estamos llegando a 20.000; y queremos lograr a fin de año 30.000 más certificadas”, agregó la licenciada.
“Nuestra propuesta al Ministerio de Salud Pública es trabajar en un plan de educación. Tuvimos una prueba piloto en el 2011 y 2012, donde diseñamos toda una metodología de trabajo participativa formando a la agente socio sanitario como capacitador. El mismo asiste a las escuelas para trabajar con los chicos la problemática cultural con la prevención que puede hacer la sociedad sobre las quemas y, beneficiándose principalmente a la población. Vamos a trabajar en conjunto con el Siprosa, ajustar esta metodología y proponer el lanzamiento del plan 2019-2020 para sistematizarlo durante los próximos dos años”, cerró la profesional.
