“El proyecto de adhesión a esta ley es un avance definitivo en materia de derechos humanos”
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De esta manera lo expresó la senadora nacional Beatriz Rojkés de Alperovich, quien junto al ministro de Salud Pública, Pablo Yedlin; al presidente subrogante de la Legislatura, Regino Amado; al legislador Ramiro González Navarro y al titular del INADI, Gustavo Díaz Fernández, entre otras autoridades, inauguró la jornada de concientización en el tema.
En la oportunidad, se llevó a cabo una actividad destinada a sensibilizar a asesores de los poderes legislativo y judicial, en cuanto a la Ley Nacional de Salud Mental 26.657. La misma brinda un marco para que las políticas en la materia se desarrollen cumpliendo todos los compromisos en derechos humanos y los estándares internacionalmente establecidos. Al respecto, la senadora Rojkés comentó que se trata de una ley que cambia paradigmas, por lo que requirió de mucho trabajo y militancia por parte de todos los actores de la sociedad.
Al tiempo, expresó que es una ley que devuelve derechos y nos permite pensar en cada uno de nosotros como seres humanos, dándole fin a la noción de incapacidad.
Por su parte, el legislador Ramiro González Navarro, impulsor activo del tratamiento de la norma provincial de adhesión a la legislación nacional, destacó la labor del organismo de revisión integrado por el Ministerio de Salud Pública, la Defensoría del Pueblo, la Secretaría de Derechos Humanos, el INADI y el Ministerio de Desarrollo Social, para aplicarla de manera eficiente. Según amplió González Navarro, se trata de dejar de pensar a los problemas de salud mental como discapacidades y empezar a ver al paciente como pleno sujeto de derechos.
“Se necesita un abordaje multidisciplinario de médicos psiquiatras, psicólogos, asistentes sociales, capacitadores laborales e integradores, con tendencia definida a la atención en centros asistenciales de carácter general y no monovalente”, finalizó.
Ley 26.657
La ley asegura el derecho de todos los que habitan el suelo argentino a la protección de su salud mental, y establece puntualmente las opciones que asisten a aquellas personas con padecimientos mentales en relación al sistema de salud, tanto en el sector público como en el privado.
Entre ellas se destacan el derecho a la intimidad; a vivir en comunidad (desmanicomialización y derecho a la atención en centros de salud generales); a la atención sanitaria adecuada; a mantener los vínculos familiares y afectivos; a la no-discriminación; a la información sobre su estado de salud; a la autonomía personal y a la identidad.
Estuvieron presentes también el vocal de la Corte Suprema de Justicia, Daniel Posse; el vicepresidente 2° de la honorable legislatura, Víctor Hugo Cabral Cherniak, y la directora del Programa Integrado de Salud del SIPROSA, Sandra Tirado, entre otros referentes.