El Consejo Provincial de Protección de Derechos de Niños y Adolescentes abordó los desafíos de la nueva Ley de Régimen Penal Juvenil
Durante la XV Sesión 2026 del Consejo Provincial de Protección Integral de los Derechos de Niños y Adolescentes, representantes de distintas áreas del Estado provincial analizaron los desafíos operativos y de articulación interinstitucional que plantea la implementación de la Ley Nacional N.º 27.801, desde una mirada judicial y con especial énfasis en la protección integral y la reinserción social de los adolescentes.
En el Salón del Bicentenario se llevó a cabo una nueva reunión del Consejo Provincial de Protección Integral de los Derechos de Niños y Adolescentes, correspondiente a la XV Sesión 2026, que tuvo como uno de sus principales ejes el análisis de los desafíos que plantea para Tucumán la implementación del nuevo Régimen Penal Juvenil establecido por la Ley Nacional N.º 27.801.
El encuentro contó con la participación de representantes de los ministerios de Salud Pública, Desarrollo Social, Educación, Seguridad y Justicia y Gobierno, además de referentes del Poder Judicial y distintas áreas del Sistema Provincial de Salud. En este marco, se abordaron las oportunidades de articulación entre los organismos que intervienen ante situaciones de adolescentes en conflicto con la ley penal.
La jornada fue presidida por el ministro de Salud Pública, doctor Luis Medina Ruiz; el ministro de Desarrollo Social, Federico Masso; el secretario Ejecutivo Médico del Siprosa, doctor Miguel Ferre Contreras; el subsecretario de Salud, doctor Marcelo Montoya; y la presidenta del Consejo Provincial, licenciada Graciela Sare.
También participaron el juez Penal de Niños y Adolescentes del Centro Judicial Capital del Colegio de Jueces del Fuero Penal, doctor Federico Rafael Moeykens; la representante del Ministerio de Justicia y Gobierno, doctora Katherina Mazzuco; la directora de los Programas Integrados de Salud (PRIS) del Siprosa, doctora Noellia Bottone; el jefe del Departamento Materno Infanto Juvenil, doctor Oscar Hilal; la directora de Comunicaciones, Informática y Logística, ingeniera Beatriz Gauna; la subsecretaria de Coordinación, Comunicación y Nuevas Tecnologías del Ministerio de Seguridad, Gladys Carpio Valero; y la jefa de la Secretaría de Estado de Educación del Ministerio de Educación, profesora María Gabriela Gallardo, entre otros referentes.
Una mirada interinstitucional ante el nuevo Régimen Penal Juvenil
Durante la reunión, el juez Federico Moeykens brindó una exposición vinculada al impacto y los desafíos interinstitucionales que presenta la Ley N.º 27.801, desde la perspectiva del Poder Judicial. “Recibimos una invitación para venir a hablar del impacto, los desafíos interinstitucionales y las necesarias articulaciones también dentro de las distintas áreas del Poder Ejecutivo, desde una mirada del Poder Judicial en cuanto a las cuestiones que plantea la Ley 27.801, que es el nuevo régimen penal juvenil”, explicó.
La Ley N.º 27.801 establece un régimen penal específico para adolescentes desde los 14 años hasta antes de cumplir los 18 años cuando sean imputados por delitos. La normativa incorpora un sistema especializado y contempla como finalidad fomentar la responsabilidad por los actos cometidos y favorecer la educación, resocialización e integración social, garantizando a su vez los derechos y garantías constitucionales y convencionales.
Asimismo, la legislación contempla distintas medidas y sanciones, priorizando aquellas orientadas a la educación, la formación, el trabajo y la integración social, y establece que cualquier restricción de derechos debe responder a criterios de necesidad, proporcionalidad e idoneidad. La implementación del nuevo régimen adquiere especial relevancia para las provincias, ya que requiere fortalecer la coordinación entre las áreas vinculadas a seguridad, justicia, educación, salud y desarrollo social, con el objetivo de dar respuestas integrales a las distintas situaciones que puedan presentarse.
En este sentido, el ministro de Desarrollo Social, Federico Masso, destacó la importancia de aprovechar el espacio del Consejo para generar una instancia de trabajo conjunto y escuchar la mirada del Poder Judicial. “Hoy hemos querido aprovechar la reunión del Consejo Provincial de Protección de los Derechos de los Niños y Adolescentes y hemos invitado al juez Federico Moeykens, juez de menores de Capital, para que nos haga una exposición sobre los desafíos que tenemos con la nueva Ley Penal Juvenil”, señaló.
Masso remarcó que la participación de los distintos ministerios permitió abordar una problemática que requiere respuestas coordinadas, dado que las situaciones vinculadas a adolescentes en conflicto con la ley penal pueden involucrar simultáneamente aspectos de seguridad, salud, educación, desarrollo social y justicia. “Han estado representados todos los ministerios que de una u otra forma tienen que ver con la realidad que tiene lugar cuando algún menor comete un delito y, a partir de ese delito, cumple medidas de prisión efectiva o bien medidas tutelares para su reinserción social”, explicó.
El titular de Desarrollo Social también puso en valor el trabajo conjunto que se viene desarrollando con el Ministerio de Salud Pública frente a problemáticas sociales que atraviesan a niños y adolescentes, entre ellas el consumo problemático y las situaciones de violencia intrafamiliar.
Además, destacó la necesidad de continuar fortaleciendo las políticas públicas mediante un abordaje integral y articulado entre las diferentes áreas del Estado. “Nos va a dar esta reunión y esta charla con el doctor Moeykens la posibilidad de ajustar ciertos detalles de la operatividad para los próximos días”, sostuvo Masso, al tiempo que adelantó la posibilidad de avanzar en nuevas instancias de trabajo entre los ministerios involucrados.
En línea con este abordaje, el subsecretario de Salud, doctor Marcelo Montoya, destacó la importancia de la sesión para actualizar criterios de intervención y avanzar en herramientas que permitan una actuación coordinada de los distintos organismos frente a situaciones que involucran a una población especialmente vulnerable. “Fue una reunión muy importante porque contamos con la presencia de dos ministros, el doctor Luis Medina Ruiz y el ministro de Desarrollo Social, Federico Masso, y también con la participación del doctor Moeykens, quien nos puso al día con respecto a la nueva ley y los aspectos vinculados al régimen penal juvenil”, explicó.
Montoya señaló que durante la jornada también se incorporó una nueva consejera en representación del Ministerio de Gobierno y se avanzó sobre uno de los aspectos centrales de la agenda del Consejo: la elaboración de un protocolo de actuación interministerial. “También se trató lo que tiene que ver con el protocolo de actuación interministerial para los casos de esta población tan vulnerable, cuando tenemos que actuar tanto desde el Ministerio de Desarrollo Social como desde Salud y Seguridad”, indicó.
En este sentido, el funcionario explicó que el trabajo se desarrolla de manera conjunta con otras áreas, entre ellas Educación, con el propósito de establecer pautas claras que permitan mejorar la intervención estatal y evitar respuestas fragmentadas ante situaciones complejas. “Se está trabajando arduamente en el desarrollo de este protocolo juntamente con Educación y también en la interoperabilidad de los servicios informáticos de los ministerios de Educación, Desarrollo Social y Salud”, agregó.
Para Montoya, la articulación institucional constituye una herramienta fundamental para acompañar de manera adecuada a niños y adolescentes que atraviesan situaciones de vulnerabilidad. “Fue una reunión muy activa, con bastante participación de todos los consejeros, y ahora hay que seguir trabajando para esta población que se encuentra cada día más vulnerable”, sostuvo.
La Ley N.º 27.801 comenzó a regir en septiembre de 2026 y recientemente fue reglamentada mediante el Decreto 875/2026, que incorpora pautas para su implementación y contempla, entre otros aspectos, la formación especializada de los operadores, la articulación interministerial e interjurisdiccional, la atención integral de las víctimas y la implementación de medidas complementarias y penas alternativas.
En este contexto, el encuentro del Consejo Provincial constituyó un espacio de análisis y coordinación para que las distintas áreas del Estado tucumano puedan avanzar en la adecuación de sus intervenciones a las nuevas disposiciones, fortaleciendo una respuesta que contemple tanto el cumplimiento de las decisiones judiciales como las herramientas necesarias para la educación, protección y reinserción social de los adolescentes.
Desde el Gobierno provincial se remarcó la importancia de sostener una política de trabajo conjunto entre las distintas áreas, con el objetivo de garantizar una intervención estatal integral frente a situaciones de vulnerabilidad, violencia y conflicto con la ley penal, priorizando la protección de derechos y la construcción de oportunidades para la reinserción social.
