Tucumán se adhirió a la nueva Ley de Salud Mental, aunque ya se aplicaba en la provincia

Así lo aseguró el asesor Letrado del SIPROSA, Gaspar López, al referirse a la Ley Nacional de Salud Mental, la cual que lleva cuatro años en el País y que fue tratada el viernes por la Legislatura de la Provincia para concretar la adhesión.

La Ley Nacional de Salud Mental Nª 26.657 tiene por objeto asegurar el derecho a la protección de la salud mental de todas las personas, y el pleno goce de los derechos humanos de aquellas con padecimiento mental que se encuentran en el Territorio Nacional, reconocidos en los instrumentos internacionales de Derechos Humanos, con jerarquía constitucional, sin perjuicio de las regulaciones más beneficiosas que para la protección de estos derechos puedan establecer las provincias. Su aprobación fue precedida por de un proceso de consenso colectivo, que incluyó a organismos de DDHH, asociaciones de usuarios y familiares, asociaciones de profesionales, referentes del campo de la salud mental y la justicia, nacionales e internacionales

“En realidad la provincia ya viene aplicando esta ley nacional, sancionada en el 2010, y muy importante para el país porque cambia la mirada y el paradigma con respecto a la atención de la salud mental”, afirmó el abogado. Esta ley es aplicable en todo el territorio nacional, y Tucumán ya viene trabajando en su adecuación para el funcionamiento de las instituciones de salud mental y del resto de los efectores sanitarios. “La adhesión de la provincia a esta ley es muy importante porque, además de una cuestión simbólica, hay algunos mecanismos específicos que se prevén. Esto tiene que ver con el seguimiento y la revisión de las internaciones o tratamientos de salud mental”, manifestó López.

La ley nacional de salud mental también está relacionada con la revisión del funcionamiento de los órganos de justicia. “Este cambio que implica la nueva ley se aplica no sólo a los sistemas de salud sino también a los de justicia. Significa dejar de mirar a los usuarios de salud mental como personas con una capacidad acotada o discapacitada y empezar a entenderlos en el contexto de la comunidad. Esto beneficiará la inclusión de estos pacientes en la sociedad”, consideró el asesor letrado del SIPROSA. En lo que respecta al poder ejecutivo, expuso: “Podemos decir que esta adhesión va a significar la readecuación de los establecimientos de salud mental. Es importante aclarar que este proyecto prevé la implementación de un plan provincial de salud mental. Esto implica que los que van a llevar adelante este cambio son los mismos trabajadores del sistema y que esta planificación surja de los establecimientos de salud”. Por último, López dijo que la ley busca entender al usuario de salud mental como un sujeto de derecho. “Esto implica que la antigua concepción de exclusión va en contra de esta nueva mirada, y por lo tanto, se intenta fomentar la inclusión y que el tratamiento se desarrolle en medio de la comunidad”, culminó.

Por su parte, la jefa de la División Salud Mental del SIPROSA, Marcela Lemaitre, explicó que la ley promueve la atención integral, interdisciplinaria, basada en evidencia científica y parámetros éticos vigentes en el campo de la salud mental. “Se destaca la necesidad del trabajo intersectorial y el desarrollo de dispositivos comunitarios alternativos a la internación”, afirmó. Además, contó que la nueva ordenanza sostiene la importancia de mantener el tratamiento en el ámbito comunitario, considerando la internación como última opción terapéutica. “También prohíbe la apertura de nuevas instituciones psiquiátricas monovalentes con lógica manicomial», comentó. En este sentido, Lemaitre sostuvo que la ley brinda un marco de referencia para que las provincias puedan adecuar sus normativas y sus prácticas. “Podrán ponerse en marcha reformas en sus sistemas de atención, que deberán estar centrados en el tratamiento en hospitales generales y dispositivos comunitarios”, culminó la licenciada.

La adhesión a la norma nacional permitirá profundizar esta política ya que prevé:

• La adhesión de la Provincia de Tucumán a la Ley 26.657 “Derecho a la Protección de la Salud Mental” y su Decreto Reglamentario Nª 603/2013.

• Designa al Ministerio de Salud Pública a través del SIPROSA como Autoridad de Aplicación de Ley.

• La implementación del Órgano de Revisión Provincial en el ámbito de la Defensoría del Pueblo, con el objeto de promover el resguardo de los derechos de las personas internadas y de todas aquellas sometidas a procesos judiciales por cuestiones de salud mental y adicciones; prevé su composición según parámetros de la ley nacional, y lo faculta a la creación de un Registro de Instituciones de servicios de salud mental y adicciones previamente habilitados por el SIPROSA.

• La Creación del Consejo Consultivo de Salud Mental y Consumos Problemáticos de carácter honorario, integrado por organizaciones de la comunidad, convocadas por la autoridad de aplicación.

• La derogación de la Ley Provincial Nª 7.881.

• Faculta al Ministerio de Salud como autoridad de aplicación a realizar monitoreos periódicos sobre servicios de salud los tres los subsectores a fin de garantizar el cumplimiento de la ley en lo relativo a las prestación deservicios asistenciales integrales

• Prevé la elaboración por parte del Ministerio de Salud Pública de un Plan Provincial de Salud Mental participativo, interdisciplinario e intersectorial, con el asesoramiento del Órgano de Revisión Provincial y bajo los parámetros de la Ley Nacional de Salud Mental

• Prevé que las obras sociales y las empresas de medicina prepaga que desarrollan sus actividades en la Provincia, deberán incluir en su menú de prestaciones los servicios garantizados y autorizados por la presente ley en un plazo no mayor a ciento veinte días.
•   La adhesión a la Ley Nacional será  un avance significativo en el reconocimiento de las personas usuarias de los servicios de salud mental como sujetos de derecho, tal como plantea la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad; su aprobación se suma a otros avances legislativos y de políticas públicas recientes que apuntan a construir un país cada vez más igualitario, justo e inclusivo.